Chofer de Alicia Delgado afirma que Abencia Meza le ordenó matarla

Pedro César Mamanchura Antúnez confesó que él asesinó a Alicia Delgado, y que Abencia Meza fue la autora intelectual del brutal crimen, según fuentes policiales de Piura.

Después de pocas horas de ser capturado por la Policía Nacional del Perú, de Tumbes; Pedro César Mamanchura Antúnez confesó que él asesinó a Alicia Delgado, y que la cantante Abencia Meza fue la autora intelectual del brutal crimen, según le informaron fuentes policiales al corresponsal de Piura, de RPP.
Tras constantes interrogatorios realizados por efectivos policiales de la ciudad de Piura, en la dependencia policial de la Dirincri; el chofer y guardaespaldas de la "princesa del folklore" confesó que permaneció varios días oculto en diferentes ciudades del país, debido a que él fue quién acabó con la vida de Delgado.
Asimismo, trascendió que Mamanchura habría confesado que Abencia Meza le pagó una fuerte cantidad de dinero para cometer el brutal asesinato.
Vale recalcar que dichos interrogatorios duraron casi toda la noche.
De acuerdo a informaciones del corresponsal de RPP en Piura; el móvil de dicho asesinato habría sido la caja fuerte de Alicia, donde la cantante guardaba valiosas joyas.
El jefe de la Dirincri, Eusebio Félix, se limitó a señalar que a las 10:00 a.m., la PNP en conferencia de prensa, dará a conocer todos los detalles de este misterioso caso.
Está programado que Mamanchura arribe a Lima a las 07:28 de la mañana.

Nuevas Publicaciones

Los invitamos a leer y comentar los siguientes artículos:

- Gustavo Gorriti y Benedicto Jiménez y Ana María Tamayo analizan en VRAE, la amenaza fantasma sobre cuál es el verdadero enemigo en el VRAE. ¿Sendero remozado? ¿Sendero disfrazado ¿un simple apéndice del narcotráfico ? ¿las FARC con el logo de Sendero ¿una alianza entre ellos?

- ¿Qué define ser aprista hoy? ¿Y de izquierda? Perspectivas y reflexiones desde la misma doctrina y desde la otra oriila: Hector Vargas Haya, Luis Alberto Sánchez, Santiago Pedraglio, Marisa Glave y Ricardo Vásquez.

- Continuamos abordando el Juicio a Fujimori. ¿apelaciones? ¿recusaciones?, estrategias de la defensa para dilatar el inicio de la segunda instancia. Un completo análisis del abogado de la parte civil, Antonio Salazar y un exhaustivo resumen de las 700 páginas de la sentencia en solo 40.


- Corazón naranja ¿indignación o temor?/ Miguel Santillana escribe sobre cómo algunos fujimoristas de corazón deciden salir del closet a raíz de la sentencia.

- Vayan a ver Respira (últimas funciones) Una excelente obra de Roberto Ángeles con el guión de Eduardo Adrianzén. Lea las razones por las que la recomendamos y una entrevista al escritor.

En el último número de la Revista Digital de Ideele

Un especial sobre los problemas de fondo que se debaten en la Selva.

- Una crónica completa sobre como se gestó el conflicto en Bagua: “El rugido de la serpiente de agua” por Patrcia Wiesse.

- Una respuesta del antropólogo Pedro García a Jaime de Althaus.

- Alberto Shirif evalúa las razones y sin-razones del conflicto: “No podemos permanecer callados”.

- La especialista en temas amazónicos Frederica Barclay analiza los motivos de la resistencia indígena a los decretos: “Un reclamo justo”.

Revista digital de idéele

Indice 193

Pronunciamiento del Instituto de Defensa Legal sobre el conflicto amazónico
Presentación
Política
Especial: Guerra avisada mata gente
El rugido de la serpiente de agua/ Patricia Wiesse
Antes que nada el derecho a consulta/ Javier La Rosa
Un reclamo justo/ Frederica Barclay
Temas en debate que no se debaten/ Carlos Monge
Ataques y mentiras contra los derechos indígenas/ Alberto Chirif, Frederica Barclay
Respuesta a Jaime de Althaus/ Pedro García
La amazonía número por número
Petroaudios: La hoja en blanco/ Gerardo Saravia
Corazón naranja: ¿indignación o temor?/ Miguel Santillana
Ser y no ser (aprista e izquierdista)/ Hector Vargas Haya, Luis Alberto Sánchez, Santiago Pedraglio, Marisa Glave, Ricardo Vásquez
Agenda IDL: Juicio a Fujimori
El valor probatorio del informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación/ José Zalakett
Las 700 páginas de la sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori en 40/ Gabriela Ramirez
Segunda instancia: Apelan y recusan/ Antonio Salazar
CTS de 15 millones: Un ejemplo de la corrupción que dirigía Fujimori/ Carlos Rivera
Entrevista a Avelino Guillén: “La estrategia del fujimorismo: dilatar hasta llegar a un escenario político más favorable para presionar"/ Entrevista de Ernesto de la Jara y Gabriela Ramirez
Reportaje
VRAE: La amenaza fantasma
¿Qué diría Pogo en el VRAE?/ Gustavo Gorriti
Se han convertido en Mercenarios e insurrectos errantes/ General ( r ) Benedicto Jimenez
El datero de Ideeleradio/ Tony Medina
Derechos Humanos
Muerte al amanecer (frío al anochecer)/ Patricia García
Regreso a los tiempos del cólera/ Leda Pérez, Patricia García
Internacional
Hollywood se une a la protesta de la amazonía
Economía
TLC: Con-tacto en China/ Alan Fairlie, Ruben Tang
Reformas institucionales
El proyecto Cabanillas: Boicot a la reforma procesa penal/ Carlos Rivera
Cultura
Homenaje a Mario Benedetti: El tío Mario/ Gerardo Saravia
Entre el humo y el martillo/ Patricia Wiesse
Guía del Webero: La Rockola de Internet/ José Carlos Plaza
Defendamos a la PUCP frente a los planes de Cipriani/ Vasco Mujica

PRONUNCIAMIENTO

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL)

CONFLICTO AMAZÓNICO: LAMENTABLE DECLARACIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO DEBEN ASUMIR SU RESPONSABILIDAD ANTE EL PAÍS.

Ante la declaración del Despacho Presidencial publicada el día de hoy 8 de junio en diversos diarios de circulación nacional, el Instituto de Defensa Legal (IDL) lamenta la misma, pues no contribuye a resolver el conflicto amazónico. En tal sentido:

1. Reiteramos nuestro profundo pesar por el asesinato de 25 policías y un número aun incierto de nativos y exhortamos a las autoridades policiales, fiscales y judiciales a que identifiquen y juzguen a los verdaderos responsables. El solo hecho que a la fecha aun no se tenga una cifra exacta de los ciudadanos nativos fallecidos, da cuenta del histórico abandono en el que se han encontrado dichos sectores sociales en nuestro país.

2. Nos preocupa que nuevos brotes de violencia sigan latentes en otros puntos de la zona en conflicto –como en la carretera Tarapoto-Yurimaguas-, por lo que invocamos a las fuerzas del orden, al Gobierno y a las organizaciones nativas, a evitar nuevos enfrentamientos y nuevas muertes que lamentar. La solución, creemos, sigue estando en manos del Congreso de la República.

3. Por ello, exhortamos al Congreso a que discuta y vote la propuesta de derogatoria de los decretos legislativos cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por las organizaciones nativas, la Defensoría del Pueblo y dos comisiones parlamentarias. Estamos convencidos que esa sería la mejor respuesta del Estado democrático a un problema claramente social y no subversivo, como lamentablemente ha señalado el Presidente de la República en su comunicado.

4. Asimismo, el Gobierno y el partido aprista deben asumir su responsabilidad política por esta situación, tal y como ya se han pronunciado los partidos de oposición y algunos medios de comunicación. Renunciar no es un gesto de irresponsabilidad o cobardía como han declarado sorprendentemente el Primer Ministro o la Ministra del Interior, sino todo lo contrario: asumir la responsabilidad política de sectores públicos bajo su conducción. No es bueno que el Gobierno siga buscando responsables o supuestas conspiraciones extranjeras, sino que asuma su responsabilidad, tal y como los propios parlamentarios apristas reclamaron cuando les tocó ser oposición política en gobiernos anteriores.

5. Por otro lado, exhortamos a la oposición política a que contribuya a buscar una salida pacífica e institucional a este conflicto. También exhortamos a las autoridades a que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión, no sólo de los medios de comunicación de la zona, sino de las organizaciones de sociedad civil y de Iglesia que vienen recogiendo información sobre lo ocurrido y prestando ayuda humanitaria.

6. Por otro lado, consideramos que los dirigentes nativos de AIDESEP que han sido denunciados penalmente a consecuencia de estos lamentables hechos, deberían ponerse a derecho y responder ante la justicia y, en democracia, ejercer su defensa legal. Ciertamente estos procesos judiciales deberían gozar de todas las garantías del debido proceso y evitar las fuertes presiones del Gobierno que el propio Presidente del Poder Judicial ha dado a conocer.

7. Finalmente, confiamos que la comunidad internacional también contribuya con sus pronunciamientos a encontrar una salida pacífica y democrática a este conflicto, en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo Convenio 169 ha sido incumplido por el gobierno peruano al haber promulgado los decretos legislativos en cuestión sin haber consultado previamente con los pueblos indígenas.

Lima, 8 de junio del 2009

COMUNICADO

ANP DENUNCIA INTIMIDACION A PERIODISTAS

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización que representa a los trabajadores de prensa, se ve en el deber de expresar su preocupación y, al mismo tiempo, su enérgica protesta por la actitud de quienes vienen obstaculizando e intimidando a los periodistas que cubren los graves acontecimientos ocurridos en Bagua y Utcubamba, que han puesto al país en grave riesgo para su correcta gobernabilidad.

Las comunicaciones llegadas de dichas localidades, dan cuenta que periodistas como Carlos Flores Borja, director de los espacios noticiosos de Radio La Voz de Bagua Grande, José Carlos Flores Burgos, del noticiero Sin Censura y periodista del Diario Ahora, Segundo Alvines Díaz, de la Revista Punto Aparte y Alberto Pintado Villaverde, corresponsal periodístico de Andina, han sido objeto de amenazas telefónicas por elementos extraños así como de amedrentamiento, como es el caso del colega Alvines Díaz a quien un miembro de la policía se atrevió a encañonarlo a la altura de la cabeza, para que no tome fotografías o filmaciones.

La ANP considera que en estas circunstancias, corresponde a gobernantes y gobernados entregar una importante cuota de esfuerzo ciudadano que contribuya a la solución de los muy graves problemas y retos que ahora impactan a la Amazonía y al hombre de tan importante región del territorio nacional y condiciona el porvenir de la patria.

Por eso al mismo tiempo que demanda respeto al libre ejercicio del trabajo periodístico, la ANP tiene que advertir que ciertamente, en lo más profundo de esta crisis, la demagogia, la especulación y la desinformación, se están utilizando para confundir y dividir al pueblo peruano que aspira a vivir en democracia y con justicia social.

Comité Ejecutivo Nacional

Alerta Perú ( CORONEL PORTILLO)

EL 22 DE JUNIO SE INICIA JUICIO CONTRA EX ALCALDE POR ASESINATO DE PERIODISTA

Para el 22 de junio, a las 8:00 horas, está programado el nuevo juicio oral contra el suspendido alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, acusado de ser presunto autor intelectual del crimen del periodista Alberto Rivera Fernández, así indica la resolución emitida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres.

El juicio, en el cual se encuentra comprendido, también, Solio Ramírez Garay, ex funcionario municipal, se realizará en el penal de Lurigancho. Ramírez, ha sido notificado vía exhorto a su domicilio legal en Pucallpa, por lo que deberá estar presente en audiencia, caso contrario sería revocado el mandato de comparencia del cual goza.

La Tercera Sala Penal de Reos Libres, asimismo, ha citado de forma obligatoria a Roy Gavino Culqui Taurino, quien ya fue condenado por este caso, sin embargo, su testimonio es vital en el juicio.

Como se recuerda, la Corte Suprema, resolvió que este nuevo juicio contra Luis Valdez Villacorta por la muerte del periodista Rivera, se realice en el distrito judicial de Lima, debido a serios cuestionamientos que fueron objeto los jueces del distrito Judicial de Ucayali, encargados, en su momento, del juzgamiento a Valdez.

El Colegiado encargado del juzgamiento en esta oportunidad, está integrado por los magistrados Jorge Aguinaga Moreno, José Chávez Hernández y Malzón Urbina La Torre.

La Revista Agraria

Fernando Eguren - Director de La Revista Agraria

No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.

Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”

“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…” “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”. “Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….” “..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas…”
“..el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista.”

“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.”

Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, son aparentes.

Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa de este discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinas y poblaciones nativas amazónicas. La reacción de estas poblaciones es contra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Los canales formales para atender la de-manda de que estos decretos legislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bien han mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a las poblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método de negociación.

No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como las movilizaciones y tomas de carreteras, pues la experiencia ha mostrado que sólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención. Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizaciones son el gobierno y el Congreso.

Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones de protesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalicen hasta llegar, lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida de decenas de ciudadanos, entre pobladores amazónicos y policías. ¿De quién es la responsabilidad principal? De quienes toman las decisiones políticas: el gobierno y el Congreso. ¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivo y el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La única institución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, que debería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con los representantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciar dos de los principales responsables políticos del drama que estamos viviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CANCELÓ LICENCIA DE RADIO LA VOZ EN UTCUBAMBA

Mediante Resolución Viceministerial Nº 211- 2009MTC/03, su fecha 08 de junio de 2009, firmada por el Viceministro de Comunicaciones Jorge Luis Cuba Hidalgo, se dejó sin efecto la autorización que otorgaba a radio La Voz prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada en la localidad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, en el departamento de Amazonas, por espacio de diez años, incluido el periodo de instalación y de prueba, conforme lo acredita la Resolución Ministerial Nº 064-MTC/03, de fecha 13 de marzo de 2007.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones argumenta como razones válidas para dicha decisión un informe técnico de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones de fecha 31 de diciembre de 2008, la cual emitió, “opinión desfavorable”, por haberse instalado la planta transmisora en ubicación distinta a la autorizada y que se “incumplió con la homologación del equipo transmisor y sistema irradiante de su estación”.
Se indica también, que habiéndose notificado la resolución de autorización en fecha 15 de marzo del 2007, “a la fecha de efectuarse la referida inspección técnica, había ya vencido el periodo de instalación y prueba de 12 meses, que contempla el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión”.
Al respecto, el periodista y directivo de radio La Voz, Carlos Flores Borja, manifiesta que se realizaron en su oportunidad los descargos correspondientes y que por ello suponía un trámite vigente, toda vez que se remitió un documento ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su fecha de recepción 29 de enero de 2009, en la cual y tal como lo certificó por escrito, también, la municipalidad de Utcumbamba, expresa: "la planta no pudo ser instalada en el denominado Cerro Morenilla Alta, debido a que no existe energía eléctrica en ese lugar, ni otro tipo de habilitación, además de la inseguridad reinante, por lo que provisionalmente ha sido instalada en la zona de las Brisas, lejos del centro de la ciudad y con escasa población”.

El periodista, también, hace constar con documentos a la vista, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante oficio Nº 1013-2009-MTC/29 de fecha 02 de marzo de 2009, consideró procedente su solicitud de homologación de la antena para radiodifusión sonora en FM y le expidió el certificado de homologación con Código Nº ANRA19430 de fecha 25/02/2009, por tanto, la decisión de cancelar la licencia, aduce Flores Borja "resulta extraño, existiendo la vigencia de un trámite".
Como se informó a través de diversos medios de comunicación, autoridades policiales y políticas los días 5, 6 y 7 de junio del presente, imputaron públicamente de instigadora de los actos de violencia ocurridos en el departamento de Amazonas a radio La Voz.
“La población y autoridades de Bagua Grande conocen de nuestra línea periodística, comprometida con la verdad y contra la corrupción. Precisamente por cumplir con nuestro deber de informar al pueblo, el pasado 5 de junio llevamos a nuestros oyentes los acontecimientos derivados del desalojo de los nativos que bloqueaban la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura de la Curva del diablo, caserío Siempre Viva, distrito de El Milagro y, en ningún momento, hemos llamado a la población a la insurgencia o a quemar edificios. Sino más bien llamamos hacia la pacificación y la solidaridad para que se asista a los heridos y se ayude a llevarlos hacia los hospitales. Además, podemos probar que, nuestra emisora tiene una potencia de tan solo 100 watios y se escucha solo en Bagua Grande y parte de los distritos de Bagua Grande y Cajarano. No llegamos al lugar donde se produjo el desalojo y menos a la ciudad de Bagua Chica, que es capital de otra provincia, diferente a Utcubamba. Entonces, menos íbamos a llegar hasta el distrito de Imaza, donde se ubican las estaciones de bombeo 5 y 6 de Petroperu”, expresó el periodista.