PRONUNCIAMIENTO

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL)

CONFLICTO AMAZÓNICO: LAMENTABLE DECLARACIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO DEBEN ASUMIR SU RESPONSABILIDAD ANTE EL PAÍS.

Ante la declaración del Despacho Presidencial publicada el día de hoy 8 de junio en diversos diarios de circulación nacional, el Instituto de Defensa Legal (IDL) lamenta la misma, pues no contribuye a resolver el conflicto amazónico. En tal sentido:

1. Reiteramos nuestro profundo pesar por el asesinato de 25 policías y un número aun incierto de nativos y exhortamos a las autoridades policiales, fiscales y judiciales a que identifiquen y juzguen a los verdaderos responsables. El solo hecho que a la fecha aun no se tenga una cifra exacta de los ciudadanos nativos fallecidos, da cuenta del histórico abandono en el que se han encontrado dichos sectores sociales en nuestro país.

2. Nos preocupa que nuevos brotes de violencia sigan latentes en otros puntos de la zona en conflicto –como en la carretera Tarapoto-Yurimaguas-, por lo que invocamos a las fuerzas del orden, al Gobierno y a las organizaciones nativas, a evitar nuevos enfrentamientos y nuevas muertes que lamentar. La solución, creemos, sigue estando en manos del Congreso de la República.

3. Por ello, exhortamos al Congreso a que discuta y vote la propuesta de derogatoria de los decretos legislativos cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por las organizaciones nativas, la Defensoría del Pueblo y dos comisiones parlamentarias. Estamos convencidos que esa sería la mejor respuesta del Estado democrático a un problema claramente social y no subversivo, como lamentablemente ha señalado el Presidente de la República en su comunicado.

4. Asimismo, el Gobierno y el partido aprista deben asumir su responsabilidad política por esta situación, tal y como ya se han pronunciado los partidos de oposición y algunos medios de comunicación. Renunciar no es un gesto de irresponsabilidad o cobardía como han declarado sorprendentemente el Primer Ministro o la Ministra del Interior, sino todo lo contrario: asumir la responsabilidad política de sectores públicos bajo su conducción. No es bueno que el Gobierno siga buscando responsables o supuestas conspiraciones extranjeras, sino que asuma su responsabilidad, tal y como los propios parlamentarios apristas reclamaron cuando les tocó ser oposición política en gobiernos anteriores.

5. Por otro lado, exhortamos a la oposición política a que contribuya a buscar una salida pacífica e institucional a este conflicto. También exhortamos a las autoridades a que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión, no sólo de los medios de comunicación de la zona, sino de las organizaciones de sociedad civil y de Iglesia que vienen recogiendo información sobre lo ocurrido y prestando ayuda humanitaria.

6. Por otro lado, consideramos que los dirigentes nativos de AIDESEP que han sido denunciados penalmente a consecuencia de estos lamentables hechos, deberían ponerse a derecho y responder ante la justicia y, en democracia, ejercer su defensa legal. Ciertamente estos procesos judiciales deberían gozar de todas las garantías del debido proceso y evitar las fuertes presiones del Gobierno que el propio Presidente del Poder Judicial ha dado a conocer.

7. Finalmente, confiamos que la comunidad internacional también contribuya con sus pronunciamientos a encontrar una salida pacífica y democrática a este conflicto, en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo Convenio 169 ha sido incumplido por el gobierno peruano al haber promulgado los decretos legislativos en cuestión sin haber consultado previamente con los pueblos indígenas.

Lima, 8 de junio del 2009